Sin ideas y endeudada, España fija la vista en poner impuestos al sol

El sol siempre brilla en España, ¿verdad? Puede que sea un poco exagerado, pero el país no se ha ganado la reputación de soleado por nada: ciudades como Huelva o Sevilla disfrutan de cerca de 3.000 horas de sol al año. Con tanta luz solar a su disposición, España ha apostado fuertemente por el desarrollo de la energía solar: en los últimos 10 años, el gobierno hizo importantes cambios impulsando este tipo de energía y es uno de los principales países del mundo en cuanto a capacidad instalada de energía fotovoltaica

Sin embargo, puede que algo aparentemente tan bueno, no lo sea. España genera tanta energía solar que, según el gobierno, la capacidad de producción excede en más de un 60% a la demanda. Esta disparidad ha creado un problema para el gobierno que ahora está en deuda con los productores. Y no sólo un poquito. Se estima que la deuda ha crecido hasta cerca de los 26.000 millones de euros.

¿Cómo puedes deshacerte de este  tipo de deuda? Proponiendo pesados impuestos y multas, por supuesto. Y justo lo haces imponiéndolas  sobre el comportamiento que alentaste en primer lugar: el uso de paneles solares. Así es. España está intentando reducir el uso de paneles solares- el mismo uso que alentantaste y subvencionaste la pasada década- imponiendo un impuesto a aquellas personas que usan paneles solares.

Se tiene la sensación de que los miembros del gobierno se quedaron sin ideas, miraron al cielo un día y pensaron “Ya lo tengo, pondremos un impuesto al sol”.

Pero espera, que esto empeora. Verás, el uso de paneles solares no sólo ha permitido a quienes los usan producir su propia energía a un precio mucho inferior al que pagarían a cualquier eléctrica, sino que además muchos residentes en España producen energía suficiente como para vender sus excedentes a las empresas productoras. Esto, tal y como parece, es un problema. El gobierno quiere ponerle freno también: como parte de las medidas de su reforma (léase: medidas desesperadas) estará prohibido vender la energía sobrante.

Y aún hay más: con el fin de averiguar quién está produciendo energía y qué cantidad (y, por supuesto, aplicarle los impuestos), todos los paneles solares deberán estar conectados a la red. Los contribuyentes que no se conecten a la red eléctrica pueden tener que hacer frente a una multa de hasta 30 millones de euros. Sí, millones. Con una “m”. Una cifra así es tan incomprensible para una persona media que parece que se la sacaron de la manga, como si la conversación hubiese sido algo así.

¿Quizás 10 euros? Noooohh… no es suficiente.

¿Que tal 100 millones de euros? Nooooh, demasiado.

¿30 millones? Sí. Eso suena bien.

Fuese como fuese cómo fijaron el número, la intención clara es asustar a los contribuyentes para que se conecten a la red y que paguen impuestos. El impuesto, sin embargo, hará que sea económicamente inviable para los ciudadanos producir su propia energía: será más barato comprarla a los proveedores actuales. Y éste es el objetivo, exactamente.

Parece ridículo. Antes de que agites la cabeza y pienses que una política así sólo podría suceder en España, piensa de nuevo. Una preocupación similar se ha estado gestando en Arizona, donde las eléctricas tienen las esperanzas puestas en una ley que obligaría a los consumidores a pagarles para que les compren el exceso de energía. Por supuesto, como en este país (Estados Unidos) no nos gustan los impuestos, se refieren a ella como “una comisión” – pero en realidad es llamar a lo mismo, de otra forma. Mientras la batalla en Arizona se calienta (juego de palabras totalmente intencionado), otros estados sin duda estarán observando ya que los dólares en juego son muchos: Sólo en el año 2012 se invirtieron 590 millones de dólares en las casas y negocios de Arizona.

Sin duda, otros países como Alemania – y los Estados Unidos- esperaran a ver qué es lo que ocurre en España. La medida ya es muy impopular en el país y algunos temen que el resultado sea un movimiento de desobediencia-civil a gran escala: eso es, los españoles simplemente decidirán no acatar las leyes. Teresa Ribera, asesora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Institute for Sustainable Development and International Relations -IDDRI-) llamó a  ley “ilógica”, recalcando que es “una seria invitación por parte del gobierno a que los ciudadanos se vuelvan antisistema”.

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